Contar con uno o varios diagnósticos médicos no implica, por sí solo, que exista una situación de incapacidad permanente. Muchas resoluciones denegatorias del INSS se apoyan precisamente en esa idea: las lesiones están diagnosticadas, pero no se considera acreditado que alcancen un grado suficiente de disminución de la capacidad laboral.

Para el abogado, la pregunta útil no es qué enfermedad tiene su cliente, sino qué limitaciones funcionales le provoca, si son objetivables y previsiblemente definitivas, y cómo afectan a las tareas reales de su profesión. En esa traducción de la información clínica a capacidad laboral se decide buena parte de los procedimientos.

Qué exige la ley para reconocer una incapacidad permanente

El artículo 193.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) define la incapacidad permanente contributiva como la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Consultar el artículo 193 en el BOE

De esta definición se desprenden cuatro requisitos que el informe pericial debe abordar de forma expresa:

  • Tratamiento realizado. Por regla general, deben haberse aplicado los tratamientos indicados y conocerse su resultado. La norma admite excepciones cuando las características de la patología, su estadio y su evolución previsible permiten objetivar la gravedad sin esperar al final del tratamiento.
  • Gravedad. No basta cualquier limitación: debe tener entidad suficiente para disminuir o anular la capacidad laboral.
  • Objetivación. Las lesiones y sus consecuencias deben poder determinarse de forma objetiva, no solo a partir de lo que refiere el paciente.
  • Carácter previsiblemente definitivo. No impide la calificación que exista una posibilidad de recuperación, si se estima médicamente incierta o a largo plazo.

Ninguno de estos requisitos se refiere al nombre de la enfermedad. Todos se refieren a sus consecuencias.

Del diagnóstico a la limitación funcional

Dos personas con un mismo diagnóstico pueden presentar situaciones laborales completamente diferentes. Una hernia discal, una fibromialgia, una lesión de hombro, una cardiopatía o un trastorno psiquiátrico generan grados de afectación muy distintos según su intensidad, su evolución, la respuesta al tratamiento y, sobre todo, las exigencias de la profesión de cada persona.

Por eso, la cuestión médico-legal relevante no es qué enfermedad tiene el trabajador, sino qué actividades no puede realizar, o no puede realizar con la eficacia, continuidad y seguridad que exige su trabajo. Esta distinción es la base para valorar correctamente la viabilidad de un expediente.

La profesión habitual, pieza clave de la valoración

La incapacidad permanente tiene un marcado componente profesional. Según la redacción del artículo 194 de la LGSS que se aplica transitoriamente, los grados se definen en relación con el trabajo:

  • Parcial: disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedir sus tareas fundamentales.
  • Total: inhabilita para todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, siempre que la persona pueda dedicarse a otra distinta.
  • Absoluta: inhabilita por completo para toda profesión u oficio.
  • Gran incapacidad (antes «gran invalidez»): además de la incapacidad permanente, la persona necesita la asistencia de otra para los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse o comer.

Dos precisiones de la jurisprudencia son especialmente útiles. La profesión habitual no se identifica necesariamente con el puesto de trabajo concreto, sino con el conjunto de funciones que el trabajador puede desempeñar dentro de su ámbito profesional. Y la incapacidad absoluta no exige una imposibilidad total de realizar cualquier actividad: basta con que el trabajador no pueda desempeñar una profesión con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, de forma continuada y con las exigencias de horario y dedicación propias de cualquier empleo.

Además, desde la Ley 2/2025 el reconocimiento de una incapacidad permanente ya no extingue automáticamente el contrato: la empresa debe valorar ajustes razonables o un puesto compatible. Un análisis preciso de las limitaciones funcionales resulta útil también en esa fase.

Cómo documentar las exigencias de la profesión

La valoración obliga a estudiar con detalle, entre otras cuestiones:

  • Las tareas fundamentales de la profesión y sus requerimientos físicos y biomecánicos.
  • Las posturas mantenidas o forzadas y la manipulación de cargas.
  • Los desplazamientos y la conducción, especialmente si es profesional.
  • Las exigencias cognitivas y emocionales: concentración, atención, trato con el público.
  • La responsabilidad sobre terceros y la exposición a riesgos, como el trabajo en altura o con maquinaria.
  • Los ritmos, jornadas, turnos y nocturnidad.

Para acreditar estas exigencias resultan útiles la descripción del puesto o un certificado de funciones emitido por la empresa, la evaluación de riesgos laborales del puesto y los informes del servicio de prevención, el convenio colectivo y el grupo profesional, la vida laboral y, como referencia técnica, la Guía de Valoración Profesional del INSS, que recoge los requerimientos de las distintas ocupaciones.

Ejemplo práctico: la misma lesión de muñeca en dos profesiones

Pensemos en dos trabajadores diestros con idéntico diagnóstico en la muñeca derecha: secuelas de una fractura de escafoides con artrosis postraumática, limitación de la flexoextensión y pérdida de fuerza de prensión objetivada mediante dinamometría.

  • Mecánico de taller. Su trabajo exige prensión fuerte y mantenida, uso de llaves y herramientas que transmiten par y vibración, posturas forzadas de muñeca y manipulación de piezas pesadas. Si las limitaciones están bien objetivadas, pueden impedirle realizar las tareas fundamentales de su profesión y fundamentar una incapacidad permanente total.
  • Administrativo. Las mismas secuelas pueden ser compatibles con el uso de teclado y ratón y con el resto de sus tareas. Podrían no alcanzar ningún grado o, en su caso, justificar una incapacidad parcial si se acredita una disminución de rendimiento de al menos el 33 %.

Mismo diagnóstico y mismas pruebas de imagen, conclusiones distintas. Lo que cambia es la relación entre las limitaciones y las exigencias de cada profesión, y eso es exactamente lo que debe explicar el informe pericial.

Cómo se objetivan las limitaciones funcionales

Uno de los problemas más habituales es disponer de abundante documentación clínica, con diagnósticos, pruebas y tratamientos, pero sin una verdadera traducción funcional. El análisis pericial debe apoyarse en:

  • Una exploración clínica con mediciones: balances articulares, fuerza, pruebas funcionales y, cuando procede, controles de consistencia del esfuerzo.
  • Pruebas complementarias: de imagen, neurofisiológicas, funcionales cardiorrespiratorias u otras según la patología.
  • Informes de especialistas y su evolución en el tiempo.
  • Los tratamientos realizados, su cumplimiento y su respuesta.
  • Los procesos de incapacidad temporal previos y su duración.

En patologías con pocos marcadores objetivos, como la fibromialgia, el dolor crónico o los trastornos psiquiátricos, la objetivación descansa en otros elementos: la continuidad del seguimiento por el especialista (reumatología, unidad del dolor, salud mental), la constancia de tratamientos adecuados y de su fracaso, la coherencia del cuadro a lo largo del tiempo y la repercusión funcional documentada. Las escalas y cuestionarios validados aportan información, pero como complemento, no como sustituto.

Objetivar una enfermedad tampoco equivale a acreditar una incapacidad. Hay que explicar qué consecuencias funcionales produce y por qué resultan incompatibles, en su caso, con las exigencias de la profesión concreta.

Cuando existen varias patologías

Analizadas de manera aislada, algunas enfermedades o lesiones pueden parecer insuficientes para justificar una incapacidad. Su efecto conjunto, sin embargo, puede generar una limitación funcional mucho más relevante. Por ello, la valoración debe analizar el cuadro clínico global y no cada diagnóstico por separado.

Dolor, pérdida de movilidad, fatiga, dificultades cognitivas, trastornos emocionales y efectos secundarios de la medicación interactúan entre sí. Por ejemplo, un tratamiento crónico con opioides o benzodiacepinas puede ser incompatible con la conducción profesional, el trabajo en altura o el manejo de maquinaria, aunque la patología de base, por sí sola, no lo fuera.

Errores frecuentes en los expedientes de incapacidad permanente

Al revisar expedientes antes de asignarlos a un perito, hay debilidades que se repiten con frecuencia:

  • Informes clínicos con diagnósticos, pero sin descripción de limitaciones ni mediciones.
  • Tratamientos pendientes o no agotados, como una cirugía en lista de espera o una rehabilitación sin completar, que permiten cuestionar el carácter definitivo de las lesiones.
  • Seguimiento por el especialista inexistente o interrumpido, sobre todo en salud mental y dolor crónico.
  • Profesión identificada solo por la categoría («peón», «auxiliar», «operario»), sin describir las tareas reales.
  • Valoración de cada patología por separado, sin analizar su efecto conjunto.
  • Falta de un análisis crítico del informe médico de síntesis y del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

Qué aporta el informe médico pericial

Para el abogado que estudia un posible procedimiento, el informe pericial de incapacidad permanente permite estructurar médicamente el expediente y responder a cuestiones que la documentación asistencial no aborda. Entre otros aspectos, el perito puede valorar:

  • Las patologías realmente relevantes desde el punto de vista funcional, su gravedad y su evolución.
  • Los tratamientos realizados y su respuesta.
  • Las secuelas y las limitaciones funcionales previsiblemente permanentes.
  • Las exigencias concretas de la profesión habitual y su compatibilidad con la capacidad residual del trabajador.
  • Los puntos débiles del informe médico de síntesis y del dictamen-propuesta del EVI.

El objetivo no es reproducir los informes médicos existentes, sino interpretarlos desde una perspectiva médico-legal y laboral, y defender esas conclusiones en la ratificación judicial.

Valorar la viabilidad antes de iniciar el procedimiento

Antes de presentar la reclamación previa o la demanda puede resultar especialmente útil un informe de viabilidad médico-legal. Esta revisión permite estudiar la documentación disponible, identificar las patologías relevantes, valorar las limitaciones existentes y detectar qué aspectos necesitan mayor acreditación médica.

Para el abogado, este análisis previo ayuda a plantear la estrategia, a completar la documentación a tiempo y a detectar debilidades del expediente antes de encargar una pericial completa.

Preguntas frecuentes

¿Hay una lista de enfermedades que den derecho a la incapacidad permanente?

No. La LGSS no establece un listado de enfermedades que otorguen automáticamente la incapacidad permanente: cada caso se valora de forma individual. El artículo 194 prevé un sistema futuro basado en una lista de enfermedades y en porcentajes de reducción de la capacidad, pero ese desarrollo reglamentario no se ha aprobado y sigue aplicándose la regulación transitoria. El cuadro de enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006) sirve para determinar si una enfermedad es profesional, no el grado de incapacidad.

¿Una discapacidad reconocida equivale a una incapacidad permanente?

No. Son procedimientos distintos. El grado de discapacidad (Real Decreto 888/2022) lo valoran los órganos de las comunidades autónomas y mide las limitaciones en la actividad y en la participación social; la incapacidad permanente la reconoce el INSS y valora la capacidad para trabajar. Un 33 % o un 65 % de discapacidad no implica una incapacidad permanente. En sentido inverso, las personas pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad sí tienen la consideración de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 % a efectos de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad.

¿Puede reconocerse si el tratamiento no ha terminado?

Por regla general, la ley exige haber estado sometido al tratamiento prescrito. Sin embargo, no impide la calificación una posibilidad de recuperación médicamente incierta o a largo plazo, y desde la Ley 3/2024 puede prescindirse de ese requisito cuando la patología, su estadio y su evolución previsible permiten objetivar la gravedad y el carácter definitivo de las lesiones, como ocurre en la ELA y en otras enfermedades de curso irreversible.

El diagnóstico es el punto de partida

En los procedimientos de incapacidad permanente, conocer el diagnóstico es imprescindible, pero no suficiente. Lo determinante es qué limitaciones produce, hasta qué punto son objetivables y previsiblemente definitivas y cómo afectan a la capacidad laboral según el grado que se reclama. Transformar la información clínica en una valoración funcional y relacionarla con las exigencias del trabajo es una de las principales aportaciones del perito médico.

En Solución Médico Legal trabajamos con una red de médicos especialistas que colaboran con abogados de toda España en expedientes de incapacidad permanente, desde el análisis inicial de viabilidad hasta el informe pericial y su ratificación en juicio. Cada caso lo estudia el especialista más adecuado según la patología.

Para el abogado, la pregunta útil no es qué enfermedad tiene su cliente, sino qué limitaciones funcionales le provoca, si son objetivables y previsiblemente definitivas, y cómo afectan a las tareas reales de su profesión. En esa traducción de la información clínica a capacidad laboral se decide buena parte de los procedimientos.

Qué exige la ley para reconocer una incapacidad permanente

El artículo 193.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) define la incapacidad permanente contributiva como la situación de la persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Consultar el artículo 193 en el BOE

De esta definición se desprenden cuatro requisitos que el informe pericial debe abordar de forma expresa:

Tratamiento realizado. Por regla general, deben haberse aplicado los tratamientos indicados y conocerse su resultado. La norma admite excepciones cuando las características de la patología, su estadio y su evolución previsible permiten objetivar la gravedad sin esperar al final del tratamiento.

  • Gravedad. No basta cualquier limitación: debe tener entidad suficiente para disminuir o anular la capacidad laboral.
  • Objetivación. Las lesiones y sus consecuencias deben poder determinarse de forma objetiva, no solo a partir de lo que refiere el paciente.
  • Carácter previsiblemente definitivo. No impide la calificación que exista una posibilidad de recuperación, si se estima médicamente incierta o a largo plazo.

Ninguno de estos requisitos se refiere al nombre de la enfermedad. Todos se refieren a sus consecuencias.

Del diagnóstico a la limitación funcional

Dos personas con un mismo diagnóstico pueden presentar situaciones laborales completamente diferentes. Una hernia discal, una fibromialgia, una lesión de hombro, una cardiopatía o un trastorno psiquiátrico generan grados de afectación muy distintos según su intensidad, su evolución, la respuesta al tratamiento y, sobre todo, las exigencias de la profesión de cada persona.

Por eso, la cuestión médico-legal relevante no es qué enfermedad tiene el trabajador, sino qué actividades no puede realizar, o no puede realizar con la eficacia, continuidad y seguridad que exige su trabajo. Esta distinción es la base para valorar correctamente la viabilidad de un expediente.

La profesión habitual, pieza clave de la valoración

La incapacidad permanente tiene un marcado componente profesional. Según la redacción del artículo 194 de la LGSS que se aplica transitoriamente, los grados se definen en relación con el trabajo:

  • Parcial: disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedir sus tareas fundamentales.
  • Total: inhabilita para todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, siempre que la persona pueda dedicarse a otra distinta.
  • Absoluta: inhabilita por completo para toda profesión u oficio.
  • Gran incapacidad (antes «gran invalidez»): además de la incapacidad permanente, la persona necesita la asistencia de otra para los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse o comer.

Dos precisiones de la jurisprudencia son especialmente útiles. La profesión habitual no se identifica necesariamente con el puesto de trabajo concreto, sino con el conjunto de funciones que el trabajador puede desempeñar dentro de su ámbito profesional. Y la incapacidad absoluta no exige una imposibilidad total de realizar cualquier actividad: basta con que el trabajador no pueda desempeñar una profesión con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, de forma continuada y con las exigencias de horario y dedicación propias de cualquier empleo.

Además, desde la Ley 2/2025 el reconocimiento de una incapacidad permanente ya no extingue automáticamente el contrato: la empresa debe valorar ajustes razonables o un puesto compatible. Un análisis preciso de las limitaciones funcionales resulta útil también en esa fase.

Cómo documentar las exigencias de la profesión

  • La valoración obliga a estudiar con detalle, entre otras cuestiones:
  • Las tareas fundamentales de la profesión y sus requerimientos físicos y biomecánicos.
  • Las posturas mantenidas o forzadas y la manipulación de cargas.
  • Los desplazamientos y la conducción, especialmente si es profesional.
  • Las exigencias cognitivas y emocionales: concentración, atención, trato con el público.
  • La responsabilidad sobre terceros y la exposición a riesgos, como el trabajo en altura o con maquinaria.
  • Los ritmos, jornadas, turnos y nocturnidad.

Para acreditar estas exigencias resultan útiles la descripción del puesto o un certificado de funciones emitido por la empresa, la evaluación de riesgos laborales del puesto y los informes del servicio de prevención, el convenio colectivo y el grupo profesional, la vida laboral y, como referencia técnica, la Guía de Valoración Profesional del INSS, que recoge los requerimientos de las distintas ocupaciones.

Ejemplo práctico: la misma lesión de muñeca en dos profesiones

Pensemos en dos trabajadores diestros con idéntico diagnóstico en la muñeca derecha: secuelas de una fractura de escafoides con artrosis postraumática, limitación de la flexoextensión y pérdida de fuerza de prensión objetivada mediante dinamometría.

Mecánico de taller. Su trabajo exige prensión fuerte y mantenida, uso de llaves y herramientas que transmiten par y vibración, posturas forzadas de muñeca y manipulación de piezas pesadas. Si las limitaciones están bien objetivadas, pueden impedirle realizar las tareas fundamentales de su profesión y fundamentar una incapacidad permanente total.

Administrativo. Las mismas secuelas pueden ser compatibles con el uso de teclado y ratón y con el resto de sus tareas. Podrían no alcanzar ningún grado o, en su caso, justificar una incapacidad parcial si se acredita una disminución de rendimiento de al menos el 33 %.

Mismo diagnóstico y mismas pruebas de imagen, conclusiones distintas. Lo que cambia es la relación entre las limitaciones y las exigencias de cada profesión, y eso es exactamente lo que debe explicar el informe pericial.

Cómo se objetivan las limitaciones funcionales

Uno de los problemas más habituales es disponer de abundante documentación clínica, con diagnósticos, pruebas y tratamientos, pero sin una verdadera traducción funcional. El análisis pericial debe apoyarse en:

  • Una exploración clínica con mediciones: balances articulares, fuerza, pruebas funcionales y, cuando procede, controles de consistencia del esfuerzo.
  • Pruebas complementarias: de imagen, neurofisiológicas, funcionales cardiorrespiratorias u otras según la patología.
  • Informes de especialistas y su evolución en el tiempo.
  • Los tratamientos realizados, su cumplimiento y su respuesta.
  • Los procesos de incapacidad temporal previos y su duración.

En patologías con pocos marcadores objetivos, como la fibromialgia, el dolor crónico o los trastornos psiquiátricos, la objetivación descansa en otros elementos: la continuidad del seguimiento por el especialista (reumatología, unidad del dolor, salud mental), la constancia de tratamientos adecuados y de su fracaso, la coherencia del cuadro a lo largo del tiempo y la repercusión funcional documentada. Las escalas y cuestionarios validados aportan información, pero como complemento, no como sustituto.

Objetivar una enfermedad tampoco equivale a acreditar una incapacidad. Hay que explicar qué consecuencias funcionales produce y por qué resultan incompatibles, en su caso, con las exigencias de la profesión concreta.

Cuando existen varias patologías

Analizadas de manera aislada, algunas enfermedades o lesiones pueden parecer insuficientes para justificar una incapacidad. Su efecto conjunto, sin embargo, puede generar una limitación funcional mucho más relevante. Por ello, la valoración debe analizar el cuadro clínico global y no cada diagnóstico por separado.

Dolor, pérdida de movilidad, fatiga, dificultades cognitivas, trastornos emocionales y efectos secundarios de la medicación interactúan entre sí. Por ejemplo, un tratamiento crónico con opioides o benzodiacepinas puede ser incompatible con la conducción profesional, el trabajo en altura o el manejo de maquinaria, aunque la patología de base, por sí sola, no lo fuera.

Errores frecuentes en los expedientes de incapacidad permanente

  • Al revisar expedientes antes de asignarlos a un perito, hay debilidades que se repiten con frecuencia:
  • Informes clínicos con diagnósticos, pero sin descripción de limitaciones ni mediciones.
  • Tratamientos pendientes o no agotados, como una cirugía en lista de espera o una rehabilitación sin completar, que permiten cuestionar el carácter definitivo de las lesiones.
  • Seguimiento por el especialista inexistente o interrumpido, sobre todo en salud mental y dolor crónico.
  • Profesión identificada solo por la categoría («peón», «auxiliar», «operario»), sin describir las tareas reales.
  • Valoración de cada patología por separado, sin analizar su efecto conjunto.
  • Falta de un análisis crítico del informe médico de síntesis y del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

Qué aporta el informe médico pericial

Para el abogado que estudia un posible procedimiento, el informe pericial de incapacidad permanente permite estructurar médicamente el expediente y responder a cuestiones que la documentación asistencial no aborda. Entre otros aspectos, el perito puede valorar:

  • Las patologías realmente relevantes desde el punto de vista funcional, su gravedad y su evolución.
  • Los tratamientos realizados y su respuesta.
  • Las secuelas y las limitaciones funcionales previsiblemente permanentes.
  • Las exigencias concretas de la profesión habitual y su compatibilidad con la capacidad residual del trabajador.
  • Los puntos débiles del informe médico de síntesis y del dictamen-propuesta del EVI.

El objetivo no es reproducir los informes médicos existentes, sino interpretarlos desde una perspectiva médico-legal y laboral, y defender esas conclusiones en la ratificación judicial.

Valorar la viabilidad antes de iniciar el procedimiento

Antes de presentar la reclamación previa o la demanda puede resultar especialmente útil un informe de viabilidad médico-legal. Esta revisión permite estudiar la documentación disponible, identificar las patologías relevantes, valorar las limitaciones existentes y detectar qué aspectos necesitan mayor acreditación médica.

Para el abogado, este análisis previo ayuda a plantear la estrategia, a completar la documentación a tiempo y a detectar debilidades del expediente antes de encargar una pericial completa.

Preguntas frecuentes

¿Hay una lista de enfermedades que den derecho a la incapacidad permanente?

No. La LGSS no establece un listado de enfermedades que otorguen automáticamente la incapacidad permanente: cada caso se valora de forma individual. El artículo 194 prevé un sistema futuro basado en una lista de enfermedades y en porcentajes de reducción de la capacidad, pero ese desarrollo reglamentario no se ha aprobado y sigue aplicándose la regulación transitoria. El cuadro de enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006) sirve para determinar si una enfermedad es profesional, no el grado de incapacidad.

¿Una discapacidad reconocida equivale a una incapacidad permanente?

No. Son procedimientos distintos. El grado de discapacidad (Real Decreto 888/2022) lo valoran los órganos de las comunidades autónomas y mide las limitaciones en la actividad y en la participación social; la incapacidad permanente la reconoce el INSS y valora la capacidad para trabajar. Un 33 % o un 65 % de discapacidad no implica una incapacidad permanente. En sentido inverso, las personas pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad sí tienen la consideración de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 % a efectos de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad.

¿Puede reconocerse si el tratamiento no ha terminado?

Por regla general, la ley exige haber estado sometido al tratamiento prescrito. Sin embargo, no impide la calificación una posibilidad de recuperación médicamente incierta o a largo plazo, y desde la Ley 3/2024 puede prescindirse de ese requisito cuando la patología, su estadio y su evolución previsible permiten objetivar la gravedad y el carácter definitivo de las lesiones, como ocurre en la ELA y en otras enfermedades de curso irreversible.

El diagnóstico es el punto de partida

En los procedimientos de incapacidad permanente, conocer el diagnóstico es imprescindible, pero no suficiente. Lo determinante es qué limitaciones produce, hasta qué punto son objetivables y previsiblemente definitivas y cómo afectan a la capacidad laboral según el grado que se reclama. Transformar la información clínica en una valoración funcional y relacionarla con las exigencias del trabajo es una de las principales aportaciones del perito médico.

En Solución Médico Legal trabajamos con una red de médicos especialistas que colaboran con abogados de toda España en expedientes de incapacidad permanente, desde el análisis inicial de viabilidad hasta el informe pericial y su ratificación en juicio. Cada caso lo estudia el especialista más adecuado según la patología.